Las inspecciones de Trabajo logran un incremento de un 99% en la detección de empleo sumergido


La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social y el Gobierno regional, a través de la Dirección General de Trabajo, dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, continúan potenciando su colaboración en la lucha contra la economía irregular y el empleo sumergido.

Como consecuencia de estas actuaciones, en el periodo enero-agosto 2012 se realizaron un total de 1.383 inspecciones que posibilitaron la detección de un 29,4% de irregularidades, plasmadas en un total de 706 empleos aflorados. Lo cual supone un aumento en 2012 de un 99,4% en la afloración de empleo sumergido (352 empleos más), respecto del año 2011 (354 empleos aflorados).

Estas cifras suponen un dato positivo y “muy satisfactorio”, que se sitúa muy por encima de la media nacional en la detección de este tipo de fraude, cifrada en un 14,5% en el mismo periodo de tiempo, tal y como ha subrayado la directora general de Trabajo del Gobierno de Cantabria, Rosa Castrillo.

Castrillo ha enfatizado que el Gobierno de Cantabria esta desarrollando una intensa lucha contra la economía irregular y el empleo sumergido, que está dando unos buenos resultados gracias al trabajo de los distintos departamentos competentes de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, de la que funcionalmente depende la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en las materias transferidas.

La directora general de Trabajo ha resaltado, igualmente, los beneficios que, en esta materia, ha aportado la estrecha colaboración que mantiene el Gobierno de Cantabria con las distintas administraciones públicas, estatales y municipales, plasmada en una colaboración y cooperación interadministrativa, centrada en formulas integradoras en la lucha contra el empleo sumergido, que parten de la participación e intercambio de información relevante.

Castrillo, que ha calificado al empleo sumergido como “una de las lacras sociales más reprobables”, ha resaltado la importancia de que “toda la sociedad sea consciente de ello y que los poderes públicos centren sus esfuerzos en sacar a la superficie el mayor porcentaje posible de fraude”.

La directora general de Trabajo ha  insistido que la prestación de servicios laborales  sin el alta en la Seguridad Social implica para el trabajador la inexistencia de cualquier clase de derecho (prestaciones sanitarias, jubilación, seguridad, etc.) y, por otro lado, el desarrollo de una actividad económica no declarada, mediante el empleo de trabajadores no declarados, acarrea para el empleador numerosas consecuencias económicas (sanciones en materia laboral que pueden llegar a los 800.000 euros).

Respecto del conjunto de la sociedad, Castrillo ha añadido que la existencia de altos porcentajes de empleo clandestino supone una grave insolidaridad, ya que implica una merma en los fondos existentes para afrontar la cobertura de las necesarias prestaciones sociales (sanidad, desempleo, jubilación, etc).