Las Juntas Vecinales de Camargo contarán con asesoría contable para adaptar sus presupuestos a la nueva ley


La nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria ha afectado a la gestión de las Juntas Vecinales que nunca antes habían debido efectuar una contabilidad pública sino que dada la escasa cuantía de sus ingresos y gastos han venido recogiendo sus cuentas en libros de pagos e ingresos.

El cambio supone que los Presidentes de Juntas Vecinales deben presentar una contabilidad “profesional” a partir de ahora sino hacer lo mismo con los tres ejercicios anteriores. Además, deben hacerlo adaptándose técnicamente a los requerimientos de una plataforma web, la Oficina para la  Coordinación Financiera de las Entidades Locales.

Desde el Ayuntamiento señalan que estos requerimientos han creado cierto desconcierto en las Juntas, que no experimentan ningún problema para rendir cuentas pero sí para hacerlo del modo técnico y profesionalizado que la ley exige con efecto retroactivo.

Por ello, el Ayuntamiento de Camargo ha sacado a concurso el contrato para la prestación de los servicios de redacción de presupuestos y de liquidación de las cuentas de las Juntas Vecinales en los ejercicios de 2009 a 2012.

Para el alcalde de Camargo, Diego Movellán, esto supone “reforzar el apoyo a una parte de la gestión municipal tan importante como son las Juntas Vecinales asumiendo el coste de las gestiones para adaptar a la nueva ley sus presupuestos y liquidaciones de 2009 a 20012”.

Movellán anunció esta medida en la reunión del Consejo de Juntas Vecinales que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Camargo. Esta medida afecta a las Juntas de Cacicedo, Escobedo, Herrera, Maliaño, Muriedas y Revilla. No afectará a las de Camargo e Igollo, pues ya han adoptado acuerdos para la formalización de su contabilidad de acuerdo a las nuevas exigencias.

Una vez adjudicado el contrato, será una empresa especializada quien elabore la contabilidad de las seis Juntas que se han sumado a esta medida que supone, según ha explicado Movellán, “un alivio importante dado que presidentes y vocales carecían de conocimientos y de medios técnicos para hacer frente a las necesidades de adaptación a las exigencias de la nueva ley”.

El contrato para la prestación de estos servicios tiene un importe estimado en 9.600 euros más IVA ya que se ha calculado un coste por ejercicio y junta de 400 euros.