Los ayuntamientos colaboran para evitar la exclusión social de los solicitantes de viviendas del Fondo Social


El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, suscribió este jueves el convenio para la creación de un Fondo Social de Viviendas, una iniciativa en la que participan los Ministerios de Economía y Competitividad, de Fomento, y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, cuyos titulares, Luis de Guindos, Ana Pastor y Ana Mato, respectivamente, también han firmado el acuerdo. En el acto, celebrado en la sede de Economía, ha estado presente la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Además de estos tres ministerios y de la FEMP, el convenio cuenta con la rúbrica del presidente de la Comisión Permanente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato; el director general de Regulación Financiera del Banco de España, José María Roldán; de altos representantes de la Asociación Española de Banca (AEB), de la Confederación de Cajas de Ahorros (CECA), Cooperativas de Crédito (UNACC), Asociación Hipotecaria (AHE), así como de numerosas entidades bancarias y de crédito.

El Fondo tiene por objetivo disponer viviendas en alquiler a bajo precio para aquellas personas y familias que se han visto desalojadas de su residencia habitual por el impago de la hipoteca y que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad social.

A estos efectos, el Fondo contará con una bolsa de 6.000 pisos propiedad de los bancos y cajas que participan en este convenio. Los alojamientos serán ofrecidos, por importes que oscilan entre 150 y 400 euros al mes. Los solicitantes de vivienda deberán cumplir una serie de requisitos fijados en el texto.

Precisamente serán los servicios sociales de los Ayuntamientos y Diputaciones que se sumen al acuerdo los responsables de valorar la situación y el riesgo social de los citados solicitantes de cara a priorizar adjudicaciones.

Respaldo unánime

A juicio del presidente de la FEMP, se trata de la parte “más social” del procedimiento previsto. Según dijo, el convenio firmado este jueves contó con el respaldo unánime de la Junta de Gobierno de la FEMP tan pronto fue conocido por ésta.

De la Serna destacó la sensibilidad de ayuntamientos y diputaciones ante la dramática situación que los desahucios representan para las familias, y la disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones ya manifestada por numerosos Ayuntamientos.

Según recoge el texto, los ayuntamientos y diputaciones que se adhieran al convenio dispondrán de un plazo de quince días para elaborar el informe sobre la situación de los solicitantes a partir del momento en el que las entidades de crédito les remitan la información sobre peticionarios. Los Ayuntamientos también facilitarán información y asesoramiento sobre el proceso a seguir para solicitar una vivienda y darán a conocer la iniciativa entre sus vecinos.