IU Camargo presenta al Pleno mociones sobre los desahucios y la reforma local


Izquierda Unida de Camargo llevará al Pleno que se celebrará mañana jueves, desde las 19:00 horas, en el Ayuntamiento de Camargo dos mociones, que se sumarán a la moción incluida en el orden del día en la que se pide la liberación de los presos político saharauis.

El ella, instarán al Pleno a pedir la libertad de todos los presos políticos saharauis, incluido el grupo de 24 presos de Gdeim Izik, recientemente condenados por un tribunal militar marroquí, así como pedir la protección de los derechos fundamentales del pueblo saharaui, destacar la necesidad de un mecanismo internacional de seguimiento de los derechos humanos en el Sahara Occidental y apoyar una solución del conflicto basada en el ejercicio del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, como establecen numerosas resoluciones de las Naciones Unidas.

En cuando a primera de las mociones, en ella se exige al Gobierno central que, tal y como viene proponiendo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otras organizaciones sociales, apruebe una modificación de la regulación hipotecaria que incluya la figura de la dación en pago.

También reclaman que el Ayuntamiento interpele a las entidades financieras para exigir la paralización de los desalojos fruto del actual proceso de ejecución hipotecaria y la condonación de las deudas ilegítimas.

En caso de no producirse esta exigencia, que el Ayuntamiento retire los fondos municipales de estas entidades financieras y que el Ayuntamiento no colabore con ninguna orden de desahucio, en el caso que haya policía local en estos dispositivos.

En la segunda moción Izquierda Unida pide que la Corporación muestre su rechazo al texto del Anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la administración local.

Igualmente, piden que se exija la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria de la FEMP para tratar este asunto y sobre el presente y futuro del municipalismo, así como elevar al Gobierno Central la propuesta de que cualquier reforma que afecte a las entidades locales deberá contar con la participación de las mismas, tanto directamente como a través de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias.