Movellán exige a la Consejería de Industria que paralice la expropiación de las dos fincas de Escobedo


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El alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha enviado esta mañana un escrito al Consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio en la que se insta a este departamento a adoptar las medidas oportunas para dejar sin efecto la resolución de expropiación de dos fincas en Escobedo propiedad de la Junta Vecinal y alquiladas para su explotación a una empresa privada.

La situación se inició después de que la Junta Vecinal de Escobedo iniciara y ganara un litigio a la empresa Hormisa por el impago del uso de varias parcelas propiedad de la Junta en el Cubo, en la zona de Peñas Negras.

El Juzgado de Primera Instancia de Santander obligó a la compañía a abonar las rentas impagadas desde 2010 por valor de 113.833 euros, cantidad a lo que habría que añadir la deuda acumulada desde el inicio del proceso judicial.

Tras producirse esta situación, la Consejería de Industria autorizó el inicio de un procedimiento de expropiación de dos parcelas propiedad de la Junta por lo que su presidenta, Esther Bolado, solicitó del apoyo del Ayuntamiento de Camargo y de su alcalde Diego Movellán.

Movellán ha manifestado su “total respaldo” a cuantas medidas decidan impulsar los vecinos y la Junta para evitar la expropiación de sus parcelas y en este sentido adoptó la decisión de trasladar este apoyo y esta reivindicación por escrito al Gobierno de Cantabria.

En el documento remitido esta mañana, Movellán señala que “entendemos que la facultad de expropiación no debe ser un camino alternativo para modificar situaciones que las partes han solventado a través de otros mecanismos” y recuerda que “debe tenerse en cuenta que la empresa en su momento concertó un contrato con la Junta Vecinal por lo que aquella ya disponía de los terrenos” a través de un contrato de arrendamiento.

El alcalde de Camargo explica al Consejero que de hecho la empresa puede explotar los terrenos sin ninguna traba por parte de la Junta Vecinal salvo la lógica condición de abonar un precio por ello, precio establecido en un contrato en el que “los tribunales civiles no han advertido en ningún caso cláusulas abusivas o excesivas”.

Movellán recuerda que “en el presente caso ha de reiterarse que ambas partes habían alcanzado un acuerdo y las discrepancias sobre el mismo no deben solventarse a través del uso de las potestades administrativas”.

El alcalde ha asegurado que “los puestos de trabajo que genera la cantera son vitales y deben ser protegidos sin que para ello sea necesario bajo ningún concepto vulnerar los derechos de los propietarios del suelo que son los vecinos de Escobedo quienes además desde hace años asumen los ruidos y resto de molestias derivadas de la actividad de la cantera”.

Movellán al sentido común y a la responsabilidad para revertir “una decisión que puede estar ajustada a derecho pero no es justa”.