La FMC podrá presentar alegaciones al plan de obras municipales del Gobierno


El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha animado a los alcaldes de la Comunidad Autónoma, reunidos en torno a la asamblea de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC), a acogerse a la línea de subvenciones que ha puesto en marcha el Gobierno regional para financiar proyectos de obra pública en los 102 municipios cántabros con el ánimo de contribuir a “dinamizar la actividad económica y el empleo”, especialmente en un sector sensiblemente afectado por la crisis como es la construcción.

Ignacio Diego, junto con el consejero de Obras Públicas y Vivienda, Francisco Rodríguez, ha presentado a la FMC los pormenores de esta convocatoria de inversiones que apareció publicada el pasado viernes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y a la que el Ejecutivo cántabro destinará 64,2 millones de euros.

En su intervención en la sede del CIMA de Torrelavega ante una amplia representación de alcaldes cántabros, entre los que se encontraban el regidor de San Vicente de la Barquera y presidente de la FMC, Julián Vélez, el presidente regional ha destacado que esta orden de subvenciones “abre la puerta a oportunidades” de reactivación económica y de creación de puestos de trabajo en los ayuntamientos de Cantabria, concretamente más de 1.000, según las estimaciones de la Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional de España (SEOPAN).

Según ha dicho, este plan redundará en mayor calidad de vida para los cántabros, en la recuperación del sector de la construcción y en una mejor prestación de los servicios por parte de los ayuntamientos, que cuentan con el “aval” y la “certeza” de que el Gobierno va a abonarles hasta el 80 por ciento del coste de los proyectos aprobados. De esta forma, las entidades locales únicamente tendrán que asumir el 20 por ciento restante, para lo cual podrán beneficiarse de otro tipo de ayudas.

El presidente regional se ha mostrado “optimista” en cuanto la aceptación de este plan por parte de los alcaldes de Cantabria y ha asegurado que todos aquellos ayuntamientos que tengan sus cuentas “en condiciones normales” podrán acceder “sin ninguna duda” a mecanismos de financiación para hacer frente a las inversiones.

“Los ayuntamientos tienen ahora una posibilidad de invertir, en colaboración con el Gobierno, en actuaciones de su competencia que antes no tenían”, ha dicho, poniendo el acento en que el reparto de las ayudas se realizará en igualdad de condiciones para todos los municipios, “sin sectarismos”, de forma controlada y en libre convocatoria.

Ignacio Diego ha destacado el esfuerzo realizado por la Consejería de Obras Públicas para idear un sistema de subvenciones que permita reactivar la construcción en un momento en el que este departamento tiene comprometido un elevado porcentaje” de su presupuesto en el pago de las obligaciones “heredadas” de la anterior legislatura.

Además, y a petición de varios alcaldes, el presidente cántabro ha aceptado dar de plazo hasta finales de este mes para que los municipios, a través de la FMC, presenten sus propuestas y alegaciones al documento elaborado por el Gobierno, que, en líneas generales, ha tenido buena acogida por parte de la mayoría de los regidores, tal y como ha reconocido el propio presidente regional.

En cuanto a las dificultades de endeudamiento que pueden tener en la actualidad las entidades locales, otra de las cuestiones planteadas en la reunión de hoy, Ignacio Diego ha instado a los alcaldes a no tener miedo a la elaboración de planes de equilibrio financiero, que es -ha apuntado- un “ejercicio muy sano”.

“Halo de ilusión”

Por su parte, Francisco Rodríguez ha señalado que esta iniciativa del Gobierno supone un “halo de ilusión” a los ayuntamientos de Cantabria y ha incidido en la novedad de este sistema de reparto de subvenciones mediante concurrencia competitiva, que garantiza la “objetividad” del proceso.

Además, ha añadido, se va a dar facilidades de financiación a los municipios hasta que las subvenciones se hagan efectivas a partir de 2016, como la posibilidad de ceder los derechos de cobro a entidades financieras o bien a los propios contratistas para que sean éstos quienes asuman inicialmente el coste y posteriormente reciban directamente el abono del Gobierno.

Por otro lado, Rodríguez ha subrayado que con esta actuación se asegura la “estricta gestión en el gasto público”, ya que no se autorizarán ni modificados de obra ni liquidaciones finales y sólo se subvencionará el importe de adjudicación. En cuanto a la evaluación de los proyectos, que se centrará en los criterios de necesidad, utilidad, racionalidad en el gasto y eficiencia energética, el consejero ha adelantado que en ella participará la Federación de Municipios de Cantabria para asegurar la objetividad y trasparencia del proceso.

“Es una orden de auténtica responsabilidad del Gobierno y de cooperación con los ayuntamientos”, ha concluido el consejero, quien también ha llamado a que se agote la totalidad del recurso económico puesto a disposición de los municipios.

La orden

Podrán beneficiarse de estas subvenciones todos los municipios de la región, desde los más pequeños, con poblaciones de hasta 2.000 habitantes, que podrán acceder a 300.000 euros, hasta los 3,3 millones de euros que podrá recibir Santander en su condición de ayuntamiento más habitado de Cantabria.

Tal y como recogen las bases de la convocatoria, el Gobierno de Cantabria pretende con ella “favorecer aquellas actuaciones que contribuyan a dinamizar la actividad económica y la creación y mantenimiento del empleo en el sector de la obra pública, fuertemente castigado por la crisis económica”.

Las obras que el Ejecutivo regional subvencionará se refieren a aquellas inversiones de carácter municipal que tengan por objeto el alumbrado público, la pavimentación de las vías públicas, la construcción de parques e instalaciones de uso público, edificios públicos, tanto destinados al uso general como al funcionamiento operativo de los servicio, la urbanización, accesos a núcleos de población, accesibilidad en espacios públicos “y otras infraestructuras viarias que resulten necesarias para la prestación de los servicios de competencia municipal”.

Por el contrario, la orden especifica que no serán objeto de aplicación los gastos referidos a la inversión en la promoción de viviendas protegidas, contratación de consultorías, asistencias técnicas y servicios; los gastos u honorarios de redacción de proyectos, presupuestos, memorias, relaciones valoradas o dirección facultativa; los producidos como consecuencia del incremento del precio del contrato, los derivados de expedientes de expropiación forzosa y de cambios de servicios afectados, y los gastos realizados fuera de plazo.

Los gastos subvencionables deberán realizarse en el periodo comprendido entre la fecha de adjudicación de cada contrato y el 31 de diciembre de 2015. Éstos se establecerán definitivamente sobre el precio de adjudicación de cada contrato, “aminorado, en su caso, por las modificaciones a la baja aprobadas durante la ejecución de cada contrato”.

También se señala que la base de licitación de cada proyecto deberá ser superior a 50.000 euros y que la cantidad máxima que se podrá conceder a cada ayuntamiento será el 80 por ciento del gasto subvencionable, con los siguientes límites: 300.000 euros para los ayuntamientos de población menor o igual a 2.000 habitantes, 600.000 euros para los de entre 2.001 y 4.000 habitantes, 900.000 euros para los de entre 4.001 y 8.000 habitantes, 1,2 millones de euros para aquellos que tengan una población de entre 8.001 y 12.000 habitantes, 1,5 millones para los que poseen entre 12.001 y 20.000 habitantes, 1,8 millones para los de población entre 20.001 y 28.000 habitantes, 2,1 millones para los comprendidos entre 28.001 y 44.000 habitantes, 2,4 millones para los que tienen entre 44.001 y 60.000 habitantes, y, finalmente, 3,3 millones de euros para los de una población comprendida entre 124.000 y 188.000 personas.

En las bases figura que cada ayuntamiento “presentará una única solicitud de subvención, comprensiva del proyecto o proyectos para los que se solicitan las ayudas reguladas”, y que el plazo de presentación de las solicitudes finalizará el  día 5 de octubre.