Escobedo tendrá que esperar para conocer qué ocurre con sus fincas de la cantera de Peñas Negras


La empresa Hormisa, que explota las fincas de la zona de Peñas Negras de Escobedo, ha ganado tiempo en el litigio que le enfrenta a la Junta Vecinal de esta localidad, después de que el juzgado la obligase a abandonar estos terrenos por el por “impago reiterado” del canon que tienen que abonar a la pedanía y que asciende a unos 400.000 euros.

Esta mañana las instalaciones de la cantera han albergado una reunión entre los representantes de la localidad camarguesa, con la pedánea Esther Bolado a la cabeza, representantes de la empresa y los funcionarios judiciales, con el fin de determinar cómo se llevaba a cabo la orden del juzgado para que Hormisa abandone los terrenos que explota.

En el transcurso de este encuentro, que ha vivido algún momento de tensión, desde Hormisa han argumentado que es una tercera compañía del mismo grupo empresarial la que ahora está explotando la cantera.

Un argumento que Bolado no comparte ya que “están saliendo constantemente camiones de Hormisa” y no hay ningún emblema de la nueva empresa. Además, cree que aunque los hubiera, al ser una empresa del mismo grupo, no tendrían por qué hacerse distinciones ya que “comparten el mismo gerente”.

La existencia de un tercer agente es una circunstancia que no constaba y que la empresa tendrá ahora que notificar al Juzgado Número 1 de Santander en un plazo máximo de 10 días. A partir de ahí todavía habrá que esperar hasta que el juez determine qué hacer, por lo que el proceso se demorará al menos un mes.
La presidenta de la Junta Vecinal ha señalado a Noticias de Camargo que “todo parece indicar que están ganando tiempo por el tema de la expropiación”, ya que por otro lado continúa en marcha el proceso iniciado por la Consejería de Industria, a petición de la empresa Hormisa, para que estos terrenos pasen a manos privadas.

“Nosotros creemos que les van a conceder la expropiación, y en ese caso acudiremos a la vía judicial como hemos hecho ahora”, ha reconocido Esther Bolado.

La Junta ha alegado que la empresa opera “sin ningún tipo de licencia de actividad y sospechamos que lo quieren poner de aval para pagar las deudas por el ERE que tienen en marcha”. Sin embargo, a todas estas alegaciones “la Consejería nos ha dicho que no”.

“Las leyes se contradicen unas con otras, porque la empresa tiene las cuadrículas de minas concedidas pero otra ley dice que los terrenos vecinales son inalienables y no se pueden embargar, y otras normativas que las canteras abiertas no pueden estar a menos de un kilómetro y medio de un casco urbano. Es todo un cúmulo de contradicciones”, ha lamentado Esther Bolado, quien también ha reclamado mayor apoyo por parte del Ayuntamiento de Camargo.