Inspección de Trabajo expedienta a Camargo por mantener una relación laboral con los bomberos voluntarios


La Plataforma de Bomberos Profesionales de Cantabria, integrada por los sindicatos UGT, CCOO, USO, CSIF y SIEP, exigió hoy en una rueda de prensa la dimisión del alcalde de Camargo, Diego Movellán, “por la relación laboral detectada por la Inspección de Trabajo en la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del municipio, que condena al consistorio a una sanción económica de 70.000 euros, a dar de alta en la Seguridad Social a 17 voluntarios y a abonar salarios e impuestos con carácter retroactivo desde el año 2010″.

Según precisó Francisco González, responsable regional del departamento de bomberos de UGT y portavoz de la Plataforma, una resolución de la Inspección de Trabajo reconoce que la relación entre el Ayuntamiento de Camargo y su agrupación de voluntarios de Protección Civil “no es de voluntariedad, sino laboral”.

“No es un error inconsciente del alcalde porque se lo hemos venido avisando desde hace tiempo, que Camargo tiene que disponer por ley de un parque profesional de bomberos por superar los 20.000 habitantes o, en todo caso, mancomunar su servicio de bomberos con otro municipio como puede ser el de Santander”, denunció González, quien insistió en que Diego Movellán “no puede ir por libre, saltarse la ley a la torera y crear una agrupación de voluntarios a su medida que haga las veces de un servicio profesional de bomberos”.

“No podemos ni admitir ni entender estas irregularidades o que el alcalde de Camargo llegara a decir en su momento en un medio de comunicación que en su municipio antes había bomberos de hecho y ahora de derecho porque los voluntarios, cuya labor valoramos, no pueden intervenir en una emergencia antes que los bomberos profesionales y reemplazarles porque es ilegal y carente de toda lógica”, subrayó el portavoz de la Plataforma de Bomberos Profesionales de Cantabria.

González matizó que hay personas en la Agrupación de Voluntarios de Camargo “con una clara duplicidad laboral” según la resolución de la Inspección de Trabajo porque “algunos son trabajadores de AENA, de la policía local, de la Guardia Civil, de la plantilla del 061 o un bombero del 112 y, además, cobran hasta 900 euros mensuales en dietas por su labor en la Agrupación de Voluntarios”.

Protocolo de actuación

Francisco González vinculó los problemas que están surgiendo con la falta de un protocolo de actuación de emergencias “claro y regido por criterios profesionales porque nos afecta a todos, desde bomberos a policías y los de la asistencia sanitaria”.

El portavoz de la Plataforma de Bomberos Profesionales recordó que “venimos demandando este protocolo de actuación desde hace tiempo y primero hemos recurrido al diálogo para llevar las cosas a la normalidad y a la legalidad pero por ahora no hemos visto resultados de todas las reuniones que hemos tenido con el Gobierno de Cantabria, Protección Civil, la Delegación del Gobierno y otros organismos implicados”.

En este sentido, González puntualizó que “ya ha habido una reunión con el nuevo director de Protección Civil y éste se ha comprometido a presentarnos un protocolo de actuación, por lo que habrá que esperar si se soluciona de una vez por todas el problema”.

“Lo que está claro es que Protección Civil tiene una ley que delimita las competencias de los distintos servicios de emergencia y los bomberos profesionales somos los primeros intervinientes antes de cualquier apoyo de otros servicios como los voluntarios”, puntualizó González.