Izquierda Unida dice que el PP de Camargo “pierde el juicio con los gastos jurídicos”


Reproducimos el comunicado del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Camargo:

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Camargo se gasta más de 100.000 euros en gastos jurídicos cada año, así las partidas presupuestarias sobre gastos jurídicos han sido de 90.000 €, a lo que en este año 2014 debemos sumar una modificación de crédito de 66.000 euros detraída de Protección Civil.

Cuando Jorge Crespo, portavoz del Grupo Municipal de IU Camargo preguntó por la relación detallada de los pelitos que generan esos gastos, la alcaldía vino a señalar que “el coste de los gastos de defensa jurídica vienen derivados de los recursos presentados contra los acuerdos municipales y los mismos están en directa relación con el importe reclamado”.

Jorge Crespo lamenta que “con esta contestación propia de los Hermanos Marx, el PP evite informar sobre la relación de pleitos y sus respectivos gastos, documentación que hemos pedido al Ayuntamiento y por la que seguimos esperando respuesta”.

Desde Izquierda Unida denunciamos que el ejecutivo del PP haya judicializado la vida política. La estrategia que mantienen es recurrir sistemáticamente cada sentencia que da la razón a los trabajadores tanto municipales, como bomberos… Dicha estrategia -la cual pagamos todos los ciudadanos con el aumento de los impuestos- sólo tiene como objetivo retrasar la toma de decisiones.

Jorge Crespo, edil de IU comenta que “está claro que al PP no le importa dilapidar el dinero de las arcas públicas, lo que explicaría el incremento en gastos jurídicos”.

El alcalde Diego Movellán ha sostenido a principio de la legislatura que el Ayuntamiento de Camargo funciona bien cuando tiene pocos gastos jurídicos, ahora que estos gastos se han disparado es evidente que es por culpa de su mala gestión.

Por ello, el grupo de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Camargo queremos instar al Partido Popular a llegar a acuerdos con todos los denunciantes, lo que nos ahorraría mucho dinero a las arcas públicas –procuradores, abogados, intereses… que paga el Ayuntamiento-. Si el dinero gastado saliera de su bolsillo, actuarían de otra forma.