El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria deniega a COPSESA la reapertura de la planta de Igollo


La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Cantabria ha dictado sentencia en la apelación 41/2015 iniciada por la empresa COPSESA contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Santander que rechazó también la pretensión de la empresa de reabrir la planta de aglomerado asfáltico.

Los hechos se iniciaron cuando Ecologistas en Acción Cantabria denunció ante el Ayuntamiento de Camargo, en noviembre de 2013, que en las antiguas instalaciones de Emilio Bolado existía una instalación “clandestina” de fabricación de aglomerado asfáltico “que está explotando ilegalmente la empresa COSEPSA sin licencia y sin control ambiental” si bien los hechos “ya venían siendo denunciados por los vecinos” que fueron quienes solicitaron la colaboración de los ecologistas.

“La causa principal que señala la Sala es la falta de pruebas en la afirmación de la empresa de que el cierre de la actividad le va a producir perjuicios económicos y que no se produjo indefensión a la empresa en todo el procedimiento administrativo”, indican.

Ecologistas en Acción considera que la sentencia es “muy clara” al rechazar la petición de COPSESA de suspender cautelarmente el cierre de las instalaciones ordenado por el Ayuntamiento.

Y eso, a pesar de que “la empresa alega” que el Ayuntamiento de Camargo “a pesar de ordenar el cierre de las instalaciones por carecer de licencia y autorización ambiental, no se opuso a sus deseos de reabrir temporalmente o cautelarmente la planta de aglomerado hasta que se dictara sentencia definitiva, cuestión que se está tramitando en otras diligencias en el mismo juzgado”.
“Precisamente esta actitud timorata del Ayuntamiento fue la que motivó que nos personáramos en las diligencia tanto Ecologistas en Acción Cantabria como la Junta Vecinal de Igollo, que fuimos denunciantes”.

El TSJC ha sido “claro” a este respecto y señala que “no es ningún argumento de peso la actitud del Ayuntamiento en una petición judicial de medida cautelar en la que hay múltiples partes personadas”.

Desde Ecologistas en Acción recuerdan que esta sentencia es la primera que se dicta de una amplia serie que está compuesta de otros cinco contenciosos administrativos, dos penales y un expediente en la Comisión Europea, “todo ello motivado por la compra fraudulenta de las instalaciones de Emilio Bolado por parte de COPSESA y su reapertura subvencionada sin tener todas las autorizaciones obligatorias”.

“No cabe duda de que la presencia de Domingo San Emeterio al frente de COPSESA, está en la raíz de todo este complejo embrollo judicial y administrativo” sentencian.

“Domingo San Emeterio es alcalde de Ramales y miembro de la ejecutiva del PP, imputado en las diligencias penales por posible delito ambiental, y parece no entender cómo unos vecinos y una asociación pueden ponerle freno a sus exigencias ante los ayuntamientos de Camargo y Santander, así como ante las Consejerías de Industria y Medio Ambiente, simplemente demandando que se cumplas las normas exigibles a cualquier empresa o actividad empresarial”, concluyen.